La Ley Patriota, el terrorismo y la preocupación por la privacidad global

La Ley de Unión y Fortalecimiento de Estados Unidos mediante la Provisión de las Herramientas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo de 2001, también conocida como la Ley Patriota, es una ley federal aprobada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada el 25 de octubre de 2001. La Ley Patriota se aprobó, en gran medida, como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York. Aprobada bajo la premisa de dotar al gobierno de Estados Unidos de más poder y supervisión para perseguir y, en última instancia, atrapar a los terroristas acusados de los atentados del 11 de septiembre, la ley modificó más de 15 estatutos federales, entre ellos la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de 1986 (ECPA) y la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA). Como resultado, la Ley Patriota otorgó a las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales de Estados Unidos un mayor poder de vigilancia e investigación, lo que ha suscitado una gran preocupación en la opinión pública en lo que respecta a la privacidad personal.

¿Por qué era necesaria la Ley Patriota?

Cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center sacudieron por completo a la nación y al mundo en general, tanto civiles como políticos buscaron respuestas. A medida que la amenaza del terrorismo mundial se convertía en un problema cada vez mayor tras los atentados del 11 de septiembre, el Congreso de EE.UU buscó proporcionar a los funcionarios de orden público y organismos gubernamentales las herramientas que necesitaban para combatir el problema y proteger a los ciudadanos estadounidenses. Así, la Ley Patriota amplió en gran medida el poder de vigilancia e investigación de la Seguridad Nacional, aunque muchas de las herramientas, medios y métodos que se potenciaron en virtud de la ley ya habían sido utilizados por las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales en otros contextos, como la persecución de la venta de estupefacientes y otras formas de crimen organizado. Para ello, la Ley Patriota procuró aumentar el alcance y autoridad de la Seguridad Nacional:

• permitiendo a los agentes del orden utilizar la vigilancia y las escuchas telefónicas con el fin de investigar los delitos relacionados con el terrorismo;
• permitiendo a los agentes federales solicitar autorización judicial para el uso de escuchas telefónicas itinerantes con el fin de localizar a sospechosos de terrorismo y personas de interés;
• permitiendo el uso de órdenes de registro de notificación diferida con el fin de evitar que los terroristas se enteren de que están siendo investigados;
• permitiendo que los agentes federales soliciten la autorización de los tribunales federales para obtener registros bancarios y empresariales con el fin de contribuir a las investigaciones de seguridad nacional sobre el terrorismo, así como para evitar el blanqueo de dinero con fines de financiación del terrorismo;
• permitiendo la obtención de órdenes de registro para cualquier zona en la que se haya producido una actividad relacionada con el terrorismo, independientemente del lugar escogido;
• mejorando el flujo de información y el intercambio de datos entre los distintos organismos gubernamentales y policiales;
• suprimiendo la prescripción de determinados delitos relacionados con el terrorismo;
• dificultando la entrada a Estados Unidos de inmigrantes ilegales relacionados con el terrorismo;
• imponiendo penas más duras a los individuos condenados por terrorismo, así como a las personas que dan cobijo a estos individuos, mediante la utilización de recursos como el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera o tribunal FISA y
• proporcionando ayuda tanto a las víctimas del terrorismo como a los agentes de seguridad pública que participan en la investigación, prevención o respuesta al terrorismo.

¿Por qué la aprobación de la Ley Patriota ha suscitado preocupaciones relacionadas con la libertad civil y la privacidad?

Aunque la Ley Patriota puede haber sido bien intencionada, los poderes de vigilancia e investigación que se otorgaron a los funcionarios del gobierno con el fin de luchar contra el terrorismo también se han utilizado contra la población estadounidense. Un ejemplo fundamental de esto es el programa secreto de vigilancia del gobierno SIGAD US-984XN, también conocido por el nombre en clave PRISM. A través de PRISM, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recopiló información de varias de las principales empresas estadounidenses de internet, como Microsoft, Yahoo!, Facebook, Google y YouTube. Mediante la recopilación de las comunicaciones de internet de los mayores proveedores del mundo, la NSA pudo acceder y espiar de forma efectiva las comunicaciones personales de miles de millones de personas en todo el mundo, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Aunque programas como PRISM se crearon en 2006 a raíz de la aprobación de la Ley Patriota en 2001, se suponía que estos programas estaban orientados a frustrar los esfuerzos de los terroristas, tanto en el país como en el extranjero. Por el contrario, los informes sobre las funciones y operaciones de PRISM han alegado que: “La NSA puede ‘sacar todo lo que quiera de los servidores de las empresas’, incluida información personal como ‘información sobre correos electrónicos, búsquedas en internet, registros de llamadas telefónicas y transacciones de tarjetas de crédito’. ”. La existencia de PRISM sólo salió a la luz tras la revelación por parte de Edward Snowden de diversa información clasificada contenida en documentos de la NSA en 2013. Para contrarrestar las afirmaciones de que la NSA y otras agencias gubernamentales tenían esencialmente vía libre para acceder a la información personal de los ciudadanos estadounidenses, la NSA ha afirmado que tales prácticas sólo podían permitirse mediante la aprobación judicial, así como la aprobación de las empresas de internet en cuestión.

Además, se ha debatido si las disposiciones de la Ley Patriota fueron siquiera eficaces para combatir el terrorismo. Como se afirma en un artículo del Washington Post de 2015, cuando se citó a un empleado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos diciendo que: “los agentes del FBI no pueden señalar ningún caso importante de terrorismo que hayan resuelto gracias a las capacidades de espionaje otorgadas por la Ley Patriota”. Por el contrario, un exdirector del FBI, que sostuvo su cargo desde 2001 hasta 2013, fue citado en un testimonio de 2004 diciendo que: “la Ley Patriota ha demostrado ser extraordinariamente beneficiosa en la guerra contra el terrorismo y ha cambiado la forma en la que el FBI opera. Muchos de nuestros éxitos en la lucha contra el terrorismo, de hecho, son el resultado directo de las disposiciones incluidas en la ley…”. Debido al carácter secreto y clasificado de los esfuerzos antiterroristas emprendidos por el gobierno estadounidense tras los sucesos del 11 de septiembre, es difícil para cualquier miembro del público estadounidense calibrar la eficacia de los métodos y herramientas autorizados por la Ley Patriota.

Debido a la horrible naturaleza de los eventos del 11 de septiembre de 2001 es comprensible que el gobierno de Estados Unidos quisiera tomar medidas para garantizar que no vuelvan a producirse atentados de tal magnitud en el futuro. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos consideró que la aprobación de la Ley Patriota, cuarenta y cinco días después del suceso en cuestión, era necesaria para combatir eficazmente el terrorismo. Aunque el éxito o el fracaso de las disposiciones de la Ley Patriota sigue siendo objeto de debate, la invasión a la privacidad del pueblo estadounidense resultante de la aprobación de la ley es difícil de ignorar. Por ello, el gobierno de Estados Unidos deberá tener en cuenta las consecuencias imprevistas de una legislación de gran alcance como la Ley Patriota a la hora de redactar futuras leyes.