Cámaras corporales y protección de la privacidad

Uso de las cámaras corporales por la policía

Desde la aparición de las cámaras CCTV (grabación de circuito cerrado) en los años sesenta, la forma en que la policía graba sus acciones ha cambiado mucho. En un principio estas cámaras se instalaron en las zonas de alta criminalidad de Londres para ayudar a la policía a hacer cumplir la ley y prevenir la delincuencia. Fue casi treinta años después, a finales de la década de 1980, cuando se comenzaron a utilizar cámaras en los vehículos de la policía. En el año 2000 las cámaras en los vehículos eran lo suficientemente corrientes como para estar en prácticamente todos los automóviles de policía nuevos.

Las cámaras de salpicadero se consideraron esenciales para garantizar al público que las acciones de la policía no se basaban en cuestiones raciales. El uso de las cámaras de salpicadero se impulsó como una forma de hacer frente a las paradas de tráfico por motivos raciales. La posibilidad de mostrar el video al público para respaldar las decisiones de los agentes de policía supuso un paso adelante en las relaciones entre la policía y la comunidad.

Muchas personas se habían opuesto a tener cámaras CCTV en la ciudad por varias razones, pero principalmente por la posible erosión de las libertades civiles. Los más informados también hablaron de la falta de eficacia y del escaso rendimiento de la inversión de los contribuyentes. Los ciudadanos preocupados por la violación de sus libertades civiles se refirieron al impacto potencial de las cámaras en la sociedad. Estas preocupaciones se presentaron en discusiones sobre la autonomía, la privacidad, la confianza, la libertad de movimiento y la expresión de la identidad individual.

El cambio de actitud se produjo tras la llegada de las cámaras corporales de la policía. La mayoría de los ciudadanos estuvieron de acuerdo en que estas cámaras eran vitales para controlar las acciones de la policía y responsabilizarla por violar los derechos ciudadanos. El público se unió para exigir que todos los agentes estuvieran obligados a llevar las cámaras corporales. Estas cámaras sirven para ayudar a demostrar que un agente sigue los procedimientos y las políticas orientadas. Con un uso adecuado, los videos son excelentes herramientas de formación y fomentan una relación más positiva entre la policía y el público.

Los estudios han demostrado que las cámaras corporales de la policía “reducen la prevalencia del ‘uso de la fuerza’ y las quejas de los ciudadanos contra los agentes de policía”. La opinión pública considera que las cámaras corporales brindan transparencia al comportamiento de los agentes de la ley. Las cámaras son un elemento disuasorio para controlar el accionar de los agentes. En todo el mundo hay tensiones entre las fuerzas del orden y el público, especialmente en relación con los grupos minoritarios. Hay un aumento de la tensión contra los agentes, junto con acusaciones de fuerza excesiva, discriminación y abuso de poder. Estas cámaras ayudan a los agentes a combatir las denuncias falsas. Disponer de una grabación de video y audio de las situaciones de confrontación protege a ambas partes de los abusos.

El aumento de la transparencia desempeña un papel positivo en la capacidad de los agentes y los departamentos para relacionarse con su comunidad. Todavía hay algunos obstáculos que superar. La autonomía de la policía que les permite encender y apagar las cámaras a voluntad y la capacidad de “editar sobre la marcha” socavan los beneficios potenciales de estas cámaras. La redacción de los datos de las cámaras es importante para proteger a los inocentes, salvaguardar la información personal de identificación de los ciudadanos y trabajar de manera responsable.

La creación de buenas políticas departamentales para la redacción, la eliminación de la capacidad de los agentes para editar los contenidos sobre la marcha y la inclusión de otros departamentos en la gestión de los datos digitales y la privacidad pueden ayudar a aumentar el uso y el valor de estas cámaras. También se les puede exigir a los agentes que las mantengan encendidas a tiempo completo mientras están de servicio para evitar perder valiosa información de video durante un evento o una detención.

Autonomía de los agentes y grabaciones de cámaras corporales

La consistencia en el uso adecuado de las cámaras corporales por parte de los oficiales de policía ha sido un problema. Según el Departamento de Policía de Phoenix: “el análisis de los metadatos de las cámaras muestra que sólo se graban entre el 13,2% y el 42% de los incidentes”. Dar a la policía la capacidad de decisión de encender o apagar sus cámaras está justificado. El hecho de que tengan las cámaras encendidas durante todo el turno afectaría la duración de la batería y favorecería la acumulación de una cantidad enorme de datos de video. Los datos adicionales aumentarían los costes de redacción y dificultarían la búsqueda de la información necesaria sobre un incidente concreto.

La idea de que un agente pueda decidir no encender su cámara corporal para evitar grabar un suceso reduce la transparencia del comportamiento policial. Los departamentos pueden resolver este problema exigiendo que los agentes enciendan sus cámaras corporales en cada incidente y estableciendo duras sanciones por no seguir la política departamental. Hacer que los agentes rindan cuentas de sus acciones y recalcar el hecho de que las cámaras protegen tanto a los agentes como al público podría tener un impacto significativo en la reparación de la confianza rota entre el público y los departamentos de policía.

Derechos civiles y protección de la privacidad

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) es de la idea de que las cámaras corporales de la policía pueden servir para la supervisión policial, pero también se pueden prestar para abusos. En momentos en el que los ciudadanos estadounidenses están demostrando su indignación por los incidentes de violencia policial, las cámaras corporales pueden influir en la transparencia de las fuerzas del orden. La claridad de las acciones de los agentes es vital para el bienestar de la comunidad. Sin embargo, para que la tecnología sea efectiva, los departamentos deben adherirse a las políticas sobre el uso de las cámaras y regular quién tiene acceso a las grabaciones. Las cámaras corporales proporcionan supervisión, reducen los abusos policiales, disuaden las falsas acusaciones y aumentan la confianza de la comunidad.

Sin embargo, las cámaras corporales también tienen el potencial de convertirse en un dispositivo más de vigilancia policial. Con cualquier forma de vigilancia existen oportunidades reales de violar los derechos de los ciudadanos e invadir la privacidad personal. El componente fundamental para garantizar el uso adecuado de las cámaras corporales es la capacidad de los departamentos de hacer cumplir las políticas de uso, determinando cuándo deben encenderse las cámaras, controlando quién tiene acceso a las grabaciones y las condiciones en las que los videos pueden ser entregados a terceros.

Disponer de políticas de privacidad y redacción bien definidas puede beneficiar al departamento de policía y a la comunidad. Si la redacción deja de estar en manos de los agentes y pasa a manos de un departamento de supervisión, se puede revisar el material y disciplinar o orientar la formación de los policías en caso necesario. La redacción de video puede eliminar, difuminar, oscurecer o incluso codificar los datos personales de identificación. El proceso de redacción permite que el resto del contenido siga siendo revisado y potencialmente distribuido a diferentes departamentos, equipos jurídicos y tribunales sin violar los derechos civiles de los individuos que aparecen en el video sin estar directamente relacionados con un incidente. Con las muchas horas de video grabadas por un departamento de policía en un día cualquiera, la cantidad de datos puede ser abrumadora y consumir una gran parte del presupuesto departamental.

Costes de la redacción para los departamentos de policía

La cantidad de presupuesto que los departamentos de policía destinan a la redacción de video y audio es increíble. La redacción de video es esencial por varias razones, pero el punto principal es la protección de la privacidad individual. El coste de no redactar los videos o de gestionar incorrectamente la redacción puede incluso poner vidas en peligro. Imagínese que se descubre la identidad de un agente encubierto debido a una redacción defectuosa de un video. Este error podría poner en peligro su vida y la de su familia. El proceso de redacción también es crucial para la seguridad de todas las personas que puedan verse en un video policial. Hacer el trabajo sin errores y con rapidez son los factores críticos de un sistema y una política de redacción bien diseñados.

Muchos organismos policiales de Estados Unidos y del resto del mundo han soportado el enorme coste de la redacción. Estos costes incluyen los del sistema automatizado y los del personal que revisa y redacta el contenido de forma manual. En mayo de 2020 el Tribunal Supremo de California dictaminó que estos costes no eran responsabilidad de los residentes, sino que debían pagarse con fondos públicos. El tribunal rechazó el supuesto de que los departamentos de policía puedan cobrar por el acceso a las grabaciones. La ciudad de Hayward había intentado cobrar 3200 dólares al Gremio Nacional de Abogados de San Francisco por el video redactado de los agentes manejando las manifestaciones en Berkeley en 2014.

Los manifestantes estaban enfadados por las decisiones del Gran Jurado de no acusar a los agentes implicados en las muertes de ciudadanos negros desarmados, concretamente Eric Garner en Nueva York y Michael Brown de Ferguson, Missouri. El video de los manifestantes también se utilizó para identificar a las personas que participaron.

El argumento presentado fue que permitir a las fuerzas del orden cobrar por el proceso de redacción para el acceso a las grabaciones de video amenazaba el acceso público. El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa y otras treinta y tres organizaciones de medios de comunicación y de derechos civiles argumentaron que cualquier coste impede el acceso a todos los registros electrónicos, lo que supone una violación de las libertades civiles de los estadounidenses. La sentencia hizo recaer el coste de la redacción del proceso de video directamente sobre los gobiernos locales y sus presupuestos policiales.

El precio sigue recayendo en los contribuyentes que tienen que aportar la financiación operativa de sus gobiernos locales. ¿Cuál es la mejor solución para reducir los costes de redacción, garantizar la seguridad de la información personal de identificación y permitir el pleno acceso al público y a las fuentes de noticias? El software de redacción automática de CaseGuard, diseñado por la policía y para la policía, proporciona el mejor recurso que cualquier agencia policial podría adquirir.

CaseGuard como solución integral

CaseGuard ofrece una solución integral para que los departamentos de policía protejan sus datos y garanticen la privacidad de las personas. Las soluciones incluyen inteligencia artificial y aprendizaje automático para redactar horas de grabación de video y audio con sólo pulsar un botón. Cuando el software utiliza estas herramientas dentro de su sistema, con el tiempo “aprende” y se adapta mejor a las necesidades del departamento. Además, paulatinamente se vuelve más rápido y preciso en la redacción o codificación de datos en los archivos digitales.

Creada por agentes de la ley, la solución integral de CaseGuard para los departamentos de policía hace mucho más que redactar archivos digitales para soluciones de privacidad. La aplicación proporciona una forma de manejar las pruebas forenses y mantener un registro de todos los que han tenido acceso a la evidencia y los resultados de las pruebas de laboratorio. El software también puede traducir, transcribir y subtitular contenidos de video en veintiocho idiomas, lo que ayuda a garantizar que la grabación de audio pueda ser entendida por las personas que requieren acceso. Las herramientas de edición pueden servir para más que la redacción de evidencia de video.

Puede utilizarse como herramienta para comunicarse con los residentes, crear mejores relaciones con la comunidad y permitir que las publicaciones en las redes sociales atraigan a un público más amplio. Cuanto más transparente y activa sea una agencia policial a los ojos de sus residentes, más probable será que la comunidad defienda y apoye a sus agentes de policía. A la hora de hacer frente a la delincuencia y otros problemas que pueden surgir, el apoyo de la comunidad y la confianza de esta en los agentes del orden es vital. El software de redacción de CaseGuard es la mejor solución para garantizar la privacidad de los datos digitales y la evidencia y el apoyo a la comunidad.