La Ley de Protección de la Privacidad de 1980, la censura del gobierno

La Ley de Protección de la Privacidad de 1980 (PPA) es una ley federal de regulación de la privacidad que fue aprobada por el gobierno de Estados Unidos en 1980. En la misma línea que la Ley de Privacidad de 1974 y a la Ley FISMA de 2014, la PPA fue aprobada para proteger la privacidad de los periodistas de la censura gubernamental. En virtud de la PPA los periodistas tienen derecho a publicar lo que puede ser considerado por las fuerzas del orden como información incriminatoria en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Para ello, la PPA establece las normas a seguir por el gobierno federal cuando pretenda emprender acciones legales contra un reportero, como por ejemplo, llevar a cabo un registro en la sala de redacción o en el domicilio del mismo.

¿Por qué era necesaria la Ley de Protección de la Privacidad de 1980?

Antes del histórico caso Warden contra Hayden, los agentes federales y los oficiales del orden público no estaban autorizados a obtener órdenes de registro con el fin de incautar y recoger “meras evidencias” relativas a los delitos cometidos. Por el contrario, la incautación y recogida de evidencia en virtud de la ley se limitaba a los instrumentos, el contrabando y los frutos o productos del delito. Sin embargo, todo esto cambió con el caso de Warden contra Hayden, el cual giraba en torno a un intento de robo y la forma en la que se obtuvo la evidencia utilizada para condenar al presunto delincuente ante un tribunal.

En el caso Warden contra Hayden el Tribunal Supremo dictaminó que la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos permitía al gobierno obtener órdenes de registro para incautar “meras evidencias”. La sentencia de este caso histórico sentó las bases para el igualmente famoso caso de Zurcher contra Stanford Daily, que tuvo lugar varios años después. En este último, la Fiscalía del Condado de Santa Clara estaba investigando una disputa entre la policía local y los manifestantes en el Hospital Universitario de Stanford en 1971. A raíz de esto, la Fiscalía obtuvo una orden de registro para allanar las oficinas de The Stanford Daily, un periódico dirigido por estudiantes de la Universidad de Stanford.

Dado que The Stanford Daily había cubierto los acontecimientos que tuvieron lugar en Hospital Universitario de Stanford y había publicado varias fotos que describían dichos sucesos en una edición especial de su periódico, la Fiscalía obtuvo una orden de registro bajo la premisa de que el periódico dirigido por estudiantes tendría más pruebas relacionadas con los acontecimientos en cuestión. Sin embargo, esta orden de registro no condujo al descubrimiento de evidencia alguna, pues los agentes que registraron las oficinas del periódico no encontraron nada. Sin embargo, The Stanford Daily interpuso una demanda civil contra el departamento de policía que realizó el registro de sus instalaciones, alegando que se habían violado sus derechos bajo la Cuarta Enmienda. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que rechazó las reclamaciones del periódico, sentando las bases para la aprobación de la PPA en 1980.

¿Cuáles son las normas a seguir por las fuerzas del orden y los agentes gubernamentales en virtud de la PPA?

Según la PPA es ilegal que un agente gubernamental o de orden público “busque o confisque” materiales de la prensa bajo las siguientes circunstancias:

• Los materiales son “productos de trabajo” preparados, producidos, de autoría o creados “a la espera de comunicar dichos materiales al público”.
• Los materiales incluyen “impresiones mentales, conclusiones o teorías” de su creador.
• Los materiales son poseídos con el propósito de comunicarlos al público por una persona “que razonablemente se cree que tiene el propósito de difundir al público” alguna forma de “comunicación pública”.
• Los materiales son “materiales documentales” que contienen “información”.
• Los materiales están en posesión de una persona “en relación con el propósito de difundir al público” alguna forma de “comunicación pública”.

Cuando se trata de incautar evidencia de los miembros de la prensa bajo tales circunstancias, los agentes gubernamentales o de orden público están obligados a obtener una orden de citación ante Tribunal contra el periodista, en lugar de utilizar una orden de registro. Esta normativa tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, las disposiciones de la PPA no se aplican al “contrabando o los frutos de un delito o a las cosas que se posean de forma delictiva o los bienes diseñados o destinados a ser utilizados o que sean o hayan sido utilizados como medios para cometer un delito”. Asimismo, la PPA tampoco se aplica en los casos en los que existe una causa probable para creer que la persona que posee dichos materiales ha cometido o está cometiendo el delito con el que estos materiales están relacionados.

Además, aunque la PPA se aprobó en gran medida en el contexto de los registros y documentos físicos, las disposiciones de la PPA se han aplicado desde entonces a los registros e información en línea e incluso a compañías editoras de videojuegos. En teoría, cualquier persona con un ordenador y acceso a internet podría considerarse un editor según las disposiciones de la PPA. Sin embargo, en la práctica, el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito de los Estados Unidos ha dictaminado que “la incautación incidental en el ordenador de un sospechoso de material protegido por la PPA mezclado con pruebas de un delito no da lugar a responsabilidades bajo la PPA”.

Igualmente, la PPA establece las directrices a seguir por los funcionarios y empleados federales al obtener evidencia y ejecutar órdenes de registro. Estas directrices incluyen lo siguiente:

• “El reconocimiento de los intereses de privacidad de la persona en posesión de dichos materiales documentales.”
• “El requisito de que se utilice el método o los medios menos intrusivos para obtener dichos materiales, que no pongan en peligro sustancialmente la disponibilidad o utilidad de los materiales que se pretende obtener.”
• “El reconocimiento de la especial preocupación por los intereses de privacidad en los casos en los que un registro o incautación de dichos documentos se inmiscuya en una relación confidencial conocida, como la que puede existir entre clérigo y feligrés, abogado y cliente o médico y paciente.”
• “El requisito de que la solicitud de la orden de registro (…) sea aprobada por un abogado del gobierno, salvo que en una situación de emergencia la solicitud pueda ser aprobada por otro funcionario supervisor apropiado, si dentro de las veinticuatro horas de dicha emergencia se notifica al Fiscal de los Estados Unidos correspondiente.”

Dado que Estados Unidos de América es uno de los pocos países del mundo que protege la libertad de expresión por ley, se necesitan normativas como la de Protección de la Privacidad de 1980 para reforzar dichas garantías. Sin la PPA, muchas noticias sin precedentes relacionadas con la corrupción gubernamental y las irregularidades empresariales, como la filtración de información del contratista de la NSA, Edward Snowden y la investigación de Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, nunca se habrían publicado. Como tal, la PPA sirve como una de las muchas leyes de Estados Unidos que trabajan para restringir y disminuir la censura del gobierno en lo que respecta a la prensa y los medios de comunicación.