La Ley del 911, los servicios de emergencia y las inquietudes sobre privacidad

La Ley de Comunicaciones Inalámbricas y Seguridad Pública de 1999, conocida como Ley del 911, es una ley federal aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1999. La Ley del 911 modificó la Ley de Telecomunicaciones de 1996 y se aprobó para “promover y mejorar la seguridad pública mediante el uso del 911 como número universal de asistencia de emergencias y para otros fines”. Para las zonas y condados de todo el país que no tenían acceso básico al 911 cuando se aprobó la disposición, la Ley del 911 permitía que las llamadas desde teléfonos móviles realizadas desde dicha zonas se remitieran a la autoridad local de emergencias correspondiente. Asimismo, la Ley del 911 decretó que los teléfonos móviles de Estados Unidos comenzaran a proporcionar información sobre su ubicación con el fin de permitir y coordinar la comunicación en todo el país.

Aunque proporcionar a los ciudadanos estadounidenses una mayor capacidad de acceso a los servicios de emergencia en tiempos de crisis a través de una línea telefónica especializada es un avance bienvenido y muy necesario, la aprobación de la Ley del 911 también dio lugar a algunas preocupaciones sobre privacidad personal. A pesar de que el rastreo y el almacenamiento de los datos de localización de los usuarios de teléfonos móviles se ha convertido en algo cotidiano en 2021, esta recopilación de información personal no era una práctica habitual cuando se aprobó la Ley del 911 en 1999. Por ello, muchos detractores de la ley se opusieron señalando las posibles formas en que proporcionar un acceso tan constante a la información personal de millones de ciudadanos estadounidenses podría acarrear consecuencias adversas. Estas críticas siguen siendo pertinentes hoy en día, ya que el nivel de invasión a la privacidad que puede producirse como resultado del uso de los teléfonos móviles sigue siendo motivo de debate.

¿Cuál era el objetivo de la Ley de Comunicaciones Inalámbricas y Seguridad Pública de 1999?

El objetivo principal de la Ley de Comunicaciones Inalámbricas y Seguridad Pública de 1999 era aprovechar el desarrollo de la tecnología de los teléfonos móviles para mejorar el acceso a los servicios de emergencia. Como refirió el Honorable Bobby L. Rush, representante en el Congreso por el estado de Illinois, “en la era en que la tecnología está evolucionando y los teléfonos inalámbricos prevalecen en nuestra sociedad, es importante que en situaciones de emergencia los clientes de telefonía móvil tengan acceso al 911 mejorado o E911. Tener acceso al E911 permite a los usuarios de teléfonos inalámbricos marcar el 911 y hacer que la llamada se dirija a un asistente que tiene información sobre el número de teléfono de la persona que llama y su ubicación”.

“Desgraciadamente, en el momento en que nos encontramos aquí, la mayoría de los servicios de telecomunicaciones inalámbricas no tienen capacidad para el E911. Por otra parte, los asistentes de emergencia que sí tienen acceso al 911, normalmente carecen de la capacidad para determinar la ubicación de un usuario. Por lo tanto, en una situación de emergencia o de peligro para la vida, un usuario de telefonía móvil que marque el 911 pudiera no recibir la atención médica adecuada porque el operador no pudo determinar su ubicación exacta. La Ley de Mejora de las Comunicaciones Inalámbricas y la Seguridad Pública aborda este problema al promulgar el 911 como número de emergencias universal. Esta ley salvará vidas al reducir el tiempo de respuesta de la asistencia de emergencia”. Según Rush, el objetivo de la Ley del 911 era facilitar el acceso de los ciudadanos estadounidenses a los servicios de emergencia a través del teléfono móvil.

Aunque el número 911 se utilizó por primera vez para ponerse en contacto con los servicios de emergencia en Haleyville, Alabama en 1968, en aquella época no existía un número universal con el que se pudiera contactar los servicios de emergencia. Aunque esto no había sido un problema en las décadas anteriores a los años noventa, ya que la tecnología de la telefonía móvil estaba todavía en su fase inicial y aún no se había generalizado. Sin embargo, el creciente uso de los teléfonos móviles a finales de los años noventa abrió nuevas posibilidades; por primera vez en la historia de Estados Unidos sus ciudadanos podían hacer llamadas telefónicas sin tener que utilizar un teléfono fijo o de pago. Entonces, la Ley de Comunicaciones Inalámbricas y Seguridad Pública de 1999 creó un vínculo entre el uso de los teléfonos móviles y el acceso a los servicios de emergencia.

¿Por qué la aprobación de la Ley del 911 generó inquietudes sobre privacidad?

Si bien la Ley del 911 se estableció con la intención de proporcionar a los ciudadanos estadounidenses una forma más eficaz de contactar con los servicios de emergencia, este acceso a través de los teléfonos móviles dependía de que los consumidores estadounidenses compartieran sus datos de localización. Los datos de localización móvil se definen como “información de geolocalización y proximidad de teléfonos móviles y otros dispositivos”. Cuando una persona llama al 911 desde su teléfono móvil, el operador al otro lado de la línea puede prestar asistencia accediendo a los datos de localización del móvil de la persona que llama. Sin embargo, esta capacidad de rastrear a las personas a través de sus teléfonos móviles plantea problemas éticos y de privacidad.

Tal vez el mayor ejemplo de los posibles problemas de privacidad que pueden surgir de una legislación bien intencionada y su posterior uso tecnológico sea el caso del ex consultor de inteligencia informática Edward Snowden. Mientras trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Snowden acumuló varios documentos clasificados que contenían pruebas del espionaje de las agencias de inteligencia a los ciudadanos estadounidenses con el pretexto de ayudar a proteger a dichos ciudadanos de las amenazas del terrorismo. Además, Snowden reveló que muchas populares empresas de tecnología, incluidos los proveedores de servicios de telefonía móvil, eran cómplices de esta invasión inconstitucional a la privacidad. Sin embargo, cuando la NSA fue confrontada con estas denuncias, contraatacó reafirmando sus intenciones de apoyar los esfuerzos antiterroristas.

Según la NSA, los ciudadanos estadounidenses que no tuvieran nada que ocultar no tendrían de qué preocuparse. Esta postura pareciera coartar las garantías otorgadas por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos cuando expone que “el derecho del pueblo a estar seguro en sus personas, casas, documentos y efectos contra registros e incautaciones irrazonables no será violado y no se emitirá ninguna orden de registro, sino bajo causa probable, apoyada por juramento o afirmación y que describa específicamente el lugar a ser registrado y las personas o cosas a ser incautadas”. Hasta ese momento, una de las principales formas en que la NSA había recopilado información sobre los ciudadanos estadounidenses era accediendo a los datos de localización de sus teléfonos móviles.

La Ley de Comunicaciones Inalámbricas y Seguridad Pública de 1999 marcó una nueva era en la historia de Estados Unidos en más de un sentido. Si bien la ley proporcionó a los ciudadanos una novedosa vía de acceso a los servicios de emergencia a través del uso del teléfono móvil, al mismo tiempo exponía los datos de localización de los consumidores estadounidenses, con lo que se abría la puerta a consecuencias imprevistas. A pesar de todo, la posibilidad de marcar el 911 a través del teléfono móvil ha sido indudablemente beneficiosa para la población estadounidense, especialmente en las zonas más rurales y remotas del país donde el acceso a un teléfono de pago ha sido históricamente difícil. No obstante, la forma en que se recopilan y divulgan los datos de localización de los teléfonos móviles será siempre motivo de preocupación en lo relativo a la Constitución de Estados Unidos y, a su vez, a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.